Caso Sartor: los chats, Michael Clark y el vínculo con Huachipato
Conversaciones internas de WhatsApp revelaron que directores ligados a Sartor analizaban la compra de Azul Azul meses antes de adquirir el control de la concesionaria. La frase “Que siga perdiendo la U. A lo mejor la compramos más barata” es apenas una parte de una investigación mucho más amplia, que abarca el financiamiento de la operación, el papel de Michael Clark y los vínculos empresariales y deportivos atribuidos a excontroladores de Huachipato.
Victoriano Cerda y Marcelo Pesce declararon como testigos ante la Fiscalía y negaron haber participado en Tactical Sport o en la adquisición de Azul Azul. Sus nombres aparecen a raíz de testimonios y antecedentes investigativos que todavía no han sido acreditados judicialmente.
Los WhatsApp que expusieron la gestación de la compra.
El caso Sartor abrió una nueva arista pública tras conocerse conversaciones de WhatsApp mantenidas por integrantes del grupo financiero antes de que Tactical Sport adquiriera el control de Azul Azul, concesionaria que administra al equipo profesional de Universidad de Chile.
Los mensajes están contenidos en un informe de 71 páginas y forman parte de más de dos mil archivos reunidos por la Fiscalía durante la investigación. Entre ellos figuran declaraciones, análisis financieros, correos electrónicos y conversaciones internas destinadas a reconstruir cómo se planificó y financió la operación.
Uno de los intercambios más controvertidos ocurrió el 6 de octubre de 2020, después de que Universidad de Chile perdiera por 3-0 frente a Universidad Católica. En el grupo participaban, entre otros, Mauro Valdés, Pedro Pablo Larraín e Iván García Huidobro.
Tras comentar el resultado, García Huidobro escribió: “Que siga perdiendo la U. A lo mejor la compramos más barata”, acompañado de emoticones de risa. El mensaje fue enviado varios meses antes de concretarse la adquisición de las acciones que pertenecían a Carlos Heller.
Los chats no solo muestran conversaciones sobre el valor del club. También reflejan coordinaciones comunicacionales previas a la compra, inquietudes sobre la información que podía surgir respecto de Sartor, sus directores y la Oferta Pública de Adquisición de Acciones, además de estrategias destinadas a manejar la exposición pública de la operación.
Por sí solas, estas conversaciones no acreditan la comisión de un delito. Su importancia para el Ministerio Público radica en que permiten reconstruir el conocimiento, las motivaciones y el grado de coordinación que habrían existido entre quienes participaron en el proceso.
Cómo Tactical Sport llegó a controlar Azul Azul.
La operación se concretó en 2021, cuando Tactical Sport adquirió el 63,07% de las acciones de Azul Azul que estaban en poder de Carlos Heller. Con ello, la sociedad pasó a controlar la concesionaria de Universidad de Chile.
La adquisición generó interrogantes desde sus primeros meses. Aunque Tactical Sport aparecía formalmente como compradora, durante años se discutió quiénes eran sus beneficiarios finales, cómo se habían reunido los recursos y qué relación existía entre sus inversionistas, Sartor y los nuevos administradores del club.
La investigación penal busca determinar el origen del dinero utilizado en la operación y establecer si hubo recursos provenientes de vehículos, empresas o fondos relacionados con el grupo financiero. También analiza el préstamo de US$1 millón que Sartor habría entregado a Michael Clark durante 2021 y que, de acuerdo con antecedentes del expediente conocidos públicamente, todavía no habría sido pagado.
A fines de 2024, después de las medidas adoptadas por la Comisión para el Mercado Financiero, se suscribió un contrato mediante el cual Inversiones Antumalal, sociedad asociada a Clark, acordó comprar el porcentaje restante de Tactical Sport.
El contrato pasó a ser una pieza relevante de la causa. Según antecedentes publicados a partir de documentos entregados a la Fiscalía, el precio tampoco habría sido enterado completamente y ciertas cláusulas podrían permitir dejar sin efecto la compraventa. Esto abre una interrogante sobre el futuro de la sociedad que controla Azul Azul, especialmente si los derechos o cuotas terminaran bajo la administración de un liquidador.
El origen financiero del caso Sartor.
La arista futbolística es la más visible, pero el caso Sartor se originó en cuestionamientos mucho más amplios sobre la administración de recursos de inversionistas.
En noviembre de 2024, la CMF suspendió temporalmente los aportes a fondos gestionados por Sartor AGF, luego de detectar inversiones y operaciones con entidades relacionadas. El 20 de diciembre de ese año, el organismo revocó la autorización de existencia de la administradora y designó un liquidador.
Posteriormente, la CMF formuló cargos por presuntas infracciones graves y reiteradas al deber de administrar los fondos atendiendo exclusivamente al interés de los aportantes. También cuestionó la entrega de información falsa al mercado, al público y al regulador, además de la falta de separación e independencia entre distintas funciones de empresas pertenecientes al grupo.
En noviembre de 2025, el Consejo de la CMF aplicó multas por un total de 367.500 UF a la administradora, exdirectores y su exgerente general. Según el regulador, se privilegió el interés de empresas relacionadas por sobre el de los fondos administrados y se proporcionó información falsa al mercado y a la propia Comisión. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
Durante 2025, además, la CMF ordenó la liquidación de distintos fondos administrados por Sartor y encargó parte de ese proceso a Toesca AGF.
Michael Clark y su papel en la investigación.
Michael Clark tuvo una doble presencia en esta historia: fue director de Sartor AGF y, posteriormente, se convirtió en presidente y figura central del bloque controlador de Azul Azul.
La Fiscalía lo incluyó entre las once personas que serán formalizadas en el caso. La audiencia fue fijada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para el jueves 30 de julio de 2026, a las 09:00 horas. Inicialmente se comunicó que el Ministerio Público presentaría cargos por administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa. Días después se informó que la Fiscalía solicitó ampliar la formalización incorporando lavado de activos y fraude por omisión de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones.
Clark ha rechazado haber participado conscientemente en maniobras fraudulentas. En su declaración ante el Ministerio Público sostuvo que nunca actuó con el propósito de perjudicar a terceros ni recibió fondos que no correspondieran a trabajos efectivamente realizados.
También buscó tomar distancia personal de los controladores de Sartor. Aseguró que su relación con ellos fue profesional, que no participó en actividades sociales o viajes corporativos y que ni siquiera conocía a sus familias. Según su versión, llegó a la administradora en 2020 como pequeño inversionista y luego pasó a desempeñarse como asesor y director.
Clark agregó que, hacia fines de 2021, dejó de participar en comités de crédito al advertir deficiencias en la forma en que se aprobaban determinadas operaciones. Ese planteamiento será contrastado con las actas, mensajes, movimientos financieros y declaraciones reunidas durante la investigación.
La formalización no equivale a una condena. Se trata de la audiencia en que la Fiscalía comunica oficialmente los hechos y delitos por los cuales investiga a una persona. Clark y los demás imputados conservan plenamente su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
¿Por qué aparece Victoriano Cerda?
El nombre de Victoriano Cerda, expresidente y excontrolador de Huachipato, ha sido mencionado durante años en versiones sobre una supuesta influencia en Azul Azul. Sin embargo, es fundamental precisar que Cerda no figura como imputado en la formalización de los once investigados del caso Sartor.
Cerda y su antiguo socio Marcelo Pesce declararon ante el Ministerio Público en calidad de testigos. Ambos negaron tener participación en Tactical Sport o haber intervenido en la compra de Azul Azul. También entregaron antecedentes sobre el funcionamiento de Huachipato, la compraventa de jugadores y sus relaciones empresariales.
La mención de Cerda adquirió relevancia luego de distintas declaraciones incorporadas a la carpeta investigativa. Una de ellas corresponde a Alfredo Harz Castro, socio y exdirector de Sartor, quien habría afirmado ante la Fiscalía que un exsocio de Huachipato participó en el financiamiento de la compra de Azul Azul. Esa afirmación forma parte de un testimonio y no constituye una conclusión judicial.
Cerda ha negado públicamente y de manera reiterada ser dueño, tener participación o ejercer control en Azul Azul, Sartor o sociedades relacionadas. En 2022 afirmó que tampoco conocía a Michael Clark antes de su llegada al club universitario.
Los antecedentes más recientes refuerzan esa posición: en su declaración como testigo, Cerda volvió a negar haber formado parte de Tactical Sport o de la operación que permitió adquirir las acciones de Carlos Heller.
Huachipato, Gustavo Álvarez y las acusaciones de influencia.
El vínculo con Huachipato aparece principalmente en la declaración de Juan Pablo Pavez, exdirector de Azul Azul e integrante del bloque opositor a Clark.
Pavez sostuvo ante la Fiscalía que existirían conflictos de interés y una coordinación entre personas vinculadas a Azul Azul, Huachipato y Ñublense. En su relato mencionó a Michael Clark, Victoriano Cerda, Marcelo Pesce y Patricio Kiblisky. También aseguró que Pedro Pablo Larraín conocía la presunta influencia que Cerda ejercería sobre el club universitario.
Uno de los ejemplos entregados por Pavez fue la llegada del entrenador Gustavo Álvarez a Universidad de Chile. El técnico había dirigido a Huachipato durante la obtención del campeonato nacional de 2023 y luego fue contratado por Azul Azul.
Según Pavez, Cerda habría sugerido su nombre a Clark y Huachipato había renovado previamente el contrato del entrenador incluyendo una cláusula de salida cercana a US$800.000, monto que habría sido pagado por la concesionaria universitaria.
Ese relato ha alimentado sospechas sobre eventuales coordinaciones o una forma indirecta de multipropiedad. Sin embargo, hasta ahora no existe una resolución judicial que acredite que Cerda controle Azul Azul ni que las operaciones deportivas entre ambos clubes hayan sido ilegales.
La contratación de un entrenador, el pago de una cláusula o las transferencias de futbolistas entre instituciones son operaciones permitidas. Para que tengan relevancia penal o regulatoria tendría que demostrarse, entre otros elementos, que fueron utilizadas para ocultar beneficiarios, perjudicar patrimonios, eludir normas o favorecer indebidamente a sociedades relacionadas.
Cerda y Pesce explicaron ante la Fiscalía que las relaciones entre Huachipato y Universidad de Chile correspondieron a operaciones habituales del mercado futbolístico. Ambos rechazaron la existencia de una participación oculta en Tactical Sport y negaron haber controlado la concesionaria azul.
Por lo tanto, el vínculo con Huachipato debe presentarse como una línea investigativa construida sobre testimonios, relaciones comerciales y movimientos deportivos, y no como una asociación ilícita ya demostrada.
El contrato que podría afectar el control de Azul Azul.
Uno de los puntos más sensibles para Universidad de Chile es qué ocurrirá con Tactical Sport y con las acciones que esta sociedad mantiene en Azul Azul.
El contrato mediante el cual Antumalal acordó adquirir el porcentaje restante de Tactical Sport incluye condiciones que podrían permitir su término anticipado en caso de incumplimiento. Según los antecedentes publicados, Clark no habría pagado completamente la operación, lo que podría llevar a discutir judicialmente la validez del traspaso.
Si el contrato fuera dejado sin efecto, las cuotas podrían volver a la estructura vinculada a Sartor y quedar sujetas al proceso de liquidación. Ese escenario no significa automáticamente que Universidad de Chile pierda su concesionaria o deje de competir, pero sí podría abrir una disputa respecto de quién ejerce los derechos políticos y económicos sobre el paquete controlador.
La definición dependerá de los contratos, del proceso de liquidación, de las decisiones de los tribunales y de las normas aplicables a las sociedades anónimas deportivas profesionales.
Qué viene ahora?
La audiencia de formalización será uno de los hitos más importantes desde que comenzó la investigación. La Fiscalía deberá describir los hechos que atribuye a cada uno de los once imputados y explicar cómo se relacionan con los delitos económicos que pretende investigar formalmente.
Las defensas podrán controvertir los antecedentes, solicitar precisiones y oponerse a las medidas cautelares que sean pedidas. Querellantes vinculados a inversionistas afectados han anticipado que podrían solicitar prisión preventiva para algunos imputados, aunque la decisión corresponderá exclusivamente al tribunal.
El caso seguirá teniendo dos dimensiones conectadas, pero diferentes. Por una parte, está el eventual perjuicio sufrido por aportantes de los fondos administrados por Sartor. Por otra, está la compra y posterior traspaso del control de Azul Azul.
Los WhatsApp revelados aportan contexto sobre cómo se evaluó la adquisición del club. No obstante, el centro jurídico de la causa estará en el movimiento del dinero, la administración de los fondos, las relaciones entre sociedades, la información entregada al mercado y el eventual uso de estructuras financieras para concretar operaciones cuestionadas.
Lo que debes saber:
• Los chats muestran que integrantes de Sartor hablaban de comprar Azul Azul desde 2020, meses antes de concretarse la operación.
• Tactical Sport adquirió el 63,07% de la concesionaria en 2021 y la Fiscalía investiga el origen del financiamiento.
• Michael Clark será formalizado junto con otras diez personas y ha negado haber actuado con intención de defraudar.
• Victoriano Cerda y Marcelo Pesce declararon como testigos y rechazaron tener participación en Tactical Sport o en la compra de Azul Azul.
• Los supuestos vínculos con Huachipato provienen de testimonios y antecedentes investigativos que todavía no han sido acreditados judicialmente.
