Gobierno propone test de drogas para 20 cargos públicos

El Ejecutivo ingresó una reforma constitucional que busca establecer exámenes obligatorios de drogas para altas autoridades del Estado, con resultados públicos y controles periódicos.
La detección de sustancias ilícitas podría provocar la cesación en el cargo, excepto cuando exista un tratamiento médico debidamente acreditado.

Reforma busca establecer una regla común para las autoridades

El Gobierno ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de reforma constitucional que busca establecer un estándar común para los controles de drogas aplicables a las principales autoridades del Estado.
La iniciativa, correspondiente al boletín 18.521-07, propone que quienes ocupen determinados cargos públicos deban someterse a exámenes al momento de asumir sus funciones y periódicamente mientras permanezcan en ellas.
El proyecto fue ingresado el 3 de agosto de 2026 y se encuentra en su primer trámite constitucional, con urgencia simple. Por lo tanto, la propuesta todavía no es ley y deberá ser discutida y aprobada por la Cámara y el Senado antes de una eventual promulgación.

Qué establece el proyecto sobre los test de drogas

La reforma propone modificar el artículo 8 de la Constitución, relacionado con los principios de probidad y publicidad en el ejercicio de las funciones públicas.
El texto establece que los resultados de los exámenes serán públicos. Además, señala que una futura ley de quórum calificado deberá determinar la forma de aplicación de los controles, sus procedimientos, periodicidad y las demás condiciones necesarias para su implementación.
La detección de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas podría convertirse en una causal de cesación en el cargo. Sin embargo, se contempla una excepción cuando la presencia de la sustancia se encuentre justificada por un tratamiento médico debidamente acreditado.
En el caso de los cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República, el proyecto plantea que la detección de estas sustancias será incompatible con el ejercicio de sus funciones. La forma concreta de aplicar esta incompatibilidad también deberá ser regulada mediante una ley posterior.

Las 20 categorías de autoridades incluidas

El proyecto incorpora a representantes del Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, las policías, los gobiernos regionales y las municipalidades.
Las autoridades consideradas son:

•  Presidente de la República.
•  Ministros de Estado.
•  Subsecretarios.
•  Diputados.
•  Senadores.
•  Delegados presidenciales regionales y provinciales.
•  Gobernadores regionales.
•  Consejeros regionales.
•  Secretarios regionales ministeriales.
•  Jefes superiores de servicio.
•  Magistrados de los tribunales superiores de justicia.
•  Fiscal Nacional.
•  Fiscales regionales.
•  Contralor General de la República.
•  Comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
•  General director de Carabineros.
•  Director general de la Policía de Investigaciones.
•  Director nacional de Gendarmería.
•  Alcaldes.
•  Concejales.

La futura ley de quórum calificado también podría incorporar a otros funcionarios o autoridades que no aparecen expresamente en esta nómina.

Qué normas existen actualmente en Chile

El proyecto busca ampliar y ordenar un sistema que actualmente se encuentra distribuido en diferentes normas.
La legislación vigente ya exige controles a ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes superiores de servicio. Estas autoridades deben realizarse un examen al asumir el cargo y repetirlo periódicamente durante el ejercicio de sus funciones.
También existen disposiciones aplicables al ámbito municipal. Los alcaldes deben someterse a controles y un resultado positivo que no esté respaldado por un tratamiento médico puede generar consecuencias para la continuidad en el cargo. Los concejales también están sujetos a declaraciones y procedimientos establecidos por la normativa correspondiente.
La reforma busca establecer una base constitucional común para todas las autoridades incorporadas, debido a que las reglas actuales presentan diferencias en la periodicidad de los controles, los procedimientos utilizados y las consecuencias asociadas a los resultados.

Los aspectos que deberá resolver el Congreso

La propuesta fija un marco general, pero deja varios elementos técnicos para una ley posterior. Entre ellos se encuentran el tipo de muestra que será utilizada, el procedimiento de análisis, la periodicidad de los controles y la forma en que se publicarán los resultados.
También deberán definirse las contramuestras, la cadena de custodia, los mecanismos de reclamación y las garantías necesarias para evitar errores antes de disponer la salida de una autoridad.
Estos aspectos serán relevantes durante la discusión legislativa, considerando que un resultado positivo podría provocar la cesación en el cargo. El Congreso tendrá que compatibilizar los objetivos de probidad y transparencia con el debido proceso, la protección de los datos personales y la confiabilidad técnica de los exámenes.
La iniciativa se encuentra en una etapa inicial de tramitación. Ninguna de las nuevas obligaciones o causales propuestas puede aplicarse mientras la reforma no sea aprobada por el Congreso y entre oficialmente en vigencia.

Lo que debes saber

• El proyecto incluye a 20 categorías de altas autoridades del Estado.
• Los exámenes se realizarían al asumir el cargo y periódicamente durante su ejercicio.
• Los resultados de los controles serían públicos.
• Un resultado positivo podría provocar la cesación, salvo que exista una justificación médica acreditada.
• La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional y todavía no está vigente.