Matías Toledo cuestiona impacto municipal de la megarreforma

El alcalde de Puente Alto advirtió que el mecanismo propuesto para compensar a los municipios por la exención de contribuciones podría profundizar las diferencias entre comunas con distinta capacidad de recaudación.
La controversia no se concentra en el beneficio para los adultos mayores, sino en la forma en que el Estado distribuirá los recursos destinados a reemplazar los ingresos que dejarán de recibir las municipalidades.

La advertencia del alcalde de Puente Alto

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, cuestionó el mecanismo de compensación municipal incorporado en la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno. A través de un video difundido en redes sociales, el jefe comunal sostuvo que la propuesta podría mantener o incluso ampliar las desigualdades presupuestarias existentes entre los municipios del país.
Para explicar su postura, Toledo comparó los recursos disponibles en Puente Alto y Las Condes. Según las cifras presentadas por el alcalde, Las Condes tendría un presupuesto cercano a los $551 mil millones para aproximadamente 348 mil habitantes, mientras Puente Alto dispondría de alrededor de $153 mil millones para atender a una población superior a las 560 mil personas.
Con esos antecedentes, el jefe comunal calculó que Las Condes tendría cerca de $1,5 millones anuales por habitante, frente a aproximadamente $270 mil por persona en Puente Alto. La diferencia sería cercana a seis veces y permitiría ilustrar, según su planteamiento, las dificultades que enfrentan las comunas más pobladas y vulnerables para entregar servicios municipales.
Las cifras corresponden a la comparación expuesta por Toledo y sirven como argumento político dentro de la discusión. La disponibilidad efectiva de recursos por habitante puede variar según el presupuesto considerado, las transferencias recibidas, los ingresos propios y las obligaciones financieras de cada municipalidad.

¿Qué parte de la megarreforma genera rechazo?

La controversia se relaciona con la exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años respecto de su primera vivienda. La medida busca aliviar la carga económica de adultos mayores propietarios, pero al mismo tiempo reduce ingresos que actualmente llegan tanto al Fondo Común Municipal como directamente a las municipalidades.
El Fondo Común Municipal es uno de los principales mecanismos de redistribución territorial de Chile. Su función es reunir aportes provenientes de distintas comunas y distribuirlos entre los municipios del país, considerando factores como población, pobreza, cantidad de predios exentos y capacidad para generar ingresos propios.
Durante la tramitación legislativa, el Ejecutivo planteó reponer completamente los recursos que se dejarían de recaudar. La fórmula analizada por la comisión mixta contempla financiar aproximadamente $110 mil millones asociados al Fondo Común Municipal y cerca de $80 mil millones correspondientes a ingresos directos de los municipios
El conflicto aparece porque una parte de la compensación sería entregada según los ingresos propios que cada municipalidad deje de recibir. En consecuencia, las comunas que actualmente recaudan montos más altos por contribuciones también accederían a compensaciones directas mayores.

La crítica de los alcaldes

Matías Toledo no es el único jefe comunal que ha cuestionado la propuesta. Alcaldes como Tomás Vodanovic, de Maipú, y Karina Delfino, de Quinta Normal, también han advertido que el mecanismo podría destinar una proporción importante de recursos fiscales a municipios que ya cuentan con una elevada capacidad de recaudación.
La principal propuesta de los alcaldes críticos consiste en que el 100% de la compensación estatal ingrese al Fondo Común Municipal y posteriormente sea distribuido de acuerdo con criterios territoriales y sociales.
Desde esa perspectiva, no se pide eliminar el beneficio para los adultos mayores ni dejar sin compensación a las municipalidades. El punto central es definir si el dinero público debe reemplazar exactamente lo que pierde cada comuna o ser redistribuido priorizando los territorios con menos recursos.
Una de las comparaciones que intensificó el debate señala que Las Condes podría recibir más de $13 mil millones en compensaciones directas, mientras comunas como Quinta Normal o Cerro Navia accederían a montos considerablemente menores. Los alcaldes opositores argumentan que esta diferencia podría consolidar una estructura municipal desigual financiada mediante impuestos generales.

La defensa del Gobierno

El Gobierno ha defendido la fórmula señalando que su objetivo es evitar que cualquier municipio vea reducido su presupuesto como consecuencia de una decisión adoptada a nivel nacional.
Desde el Ejecutivo sostienen que la exención de contribuciones no debe ser financiada por las municipalidades, ya que estas requieren estabilidad presupuestaria para entregar servicios básicos. Por esa razón, la propuesta busca restituir la totalidad de los ingresos perdidos, tanto aquellos destinados al Fondo Común como los que llegan directamente a cada comuna.
Quienes respaldan el mecanismo plantean que enviar todos los recursos al Fondo Común podría provocar que algunas municipalidades reciban menos dinero que antes de la exención. En ese escenario, una medida diseñada para beneficiar a los adultos mayores terminaría afectando la capacidad financiera de determinados gobiernos locales.
La diferencia entre ambas posiciones, por lo tanto, no está en si debe existir una compensación, sino en el criterio utilizado para distribuirla.

Cómo impactan las diferencias presupuestarias

Los recursos municipales permiten financiar el retiro de residuos, la mantención de calles y áreas verdes, programas de seguridad, iluminación, infraestructura comunitaria y distintas prestaciones sociales.
En comunas con mayor vulnerabilidad, la demanda por servicios públicos suele ser más alta porque una proporción importante de sus habitantes depende de las prestaciones municipales. Al mismo tiempo, estos territorios tienen una menor capacidad para recaudar mediante contribuciones, permisos de circulación, patentes comerciales y otros ingresos propios.
Ese es el argumento de fondo presentado por Toledo: una distribución basada principalmente en lo que cada comuna deja de recaudar puede proteger los presupuestos existentes, pero no necesariamente corregir las desigualdades que ya existen.

¿En qué etapa se encuentra la megarreforma?

El Senado aprobó previamente la exención de contribuciones y un aporte fiscal equivalente a 1.500.000 UTM para compensar al Fondo Común Municipal. Sin embargo, las diferencias surgidas en la Cámara de Diputadas y Diputados obligaron a que la fórmula de compensación fuera revisada por una comisión mixta.
La comisión respaldó la propuesta del Gobierno y la Cámara Baja aprobó posteriormente su informe. No obstante, la votación final en el Senado fue postergada después de que el Ejecutivo constatara que no contaba con los 26 votos necesarios para su ratificación.
La discusión quedó aplazada para agosto, por lo que el mecanismo todavía puede continuar generando negociaciones y cambios políticos antes de completar su tramitación.

Lo que debes saber

• Matías Toledo afirma que Puente Alto dispone de muchos menos recursos por habitante que Las Condes.
• La polémica se relaciona con la compensación por la exención de contribuciones para adultos mayores.
• El Gobierno propone reponer tanto los ingresos del Fondo Común Municipal como los recursos propios perdidos por cada comuna.
• Los alcaldes críticos piden que toda la compensación ingrese al Fondo Común para mejorar su redistribución.
• La votación final fue postergada y la discusión legislativa continuará durante agosto.